Las manifestaciones contra la destitución del presidente derivaron en enfrentamientos y represión: dos personas fueron hospitalizadas con heridas de bala
Las protestas en Perú terminaron con represión por parte de la policía. Con una nube de gas lacrimógeno y disparos con armas de fuego, se cerró la noche de este jueves una multitudinaria marcha en el centro de Lima contra el nuevo gobierno de Perú, encabezado por Manuel Merino, tras la destitución de Martín Vizcarra.
En internet y diferentes medios de Perú, circularon muchas fotos y videos de la represión en la protesta. Incluso se vieron imágenes de policías en motos disparando con escopetas hacia las personas.
Sin embargo, el nuevo ministro del interior, Gastón Rodríguez, negó todo en un primer momento. Sin embargo, luego atribuyó el inicio de los hechos violentos a manifestantes, en declaraciones a la emisora RPP Noticias. Según el funcionario, la culpa de la represión fue que arrojaron piedras cuando fueron obstaculizados para avanzar hacia la sede del Congreso.
Sin embargo, no se refirió a las detenciones, ni tampoco al ataque con armas de fuego, ni a la represión contra periodistas. Nelly Luna Mancio, directora del medio peruano Ojo Público, denunció que la policía hirió con una bomba lacrimógena la pierna de un reportero gráfico del medio. «Tuvo que mostrar su credencial para que la policía no lo golpeara cuando él ya estaba en el piso. Este gobierno amenaza al periodismo y a sus ciudadanos. Hoy lo demostraron.», escribió en su cuenta de Twitter.
Hoy hirieron a nuestro amigo y colega Alonso Balbuena mientras cubría sus labores periodísticas en Lima. Tuvo que mostrar su credencial para que la policía no lo golpeara cuando él ya estaba en el piso. Este gobierno amenaza al periodismo y a sus ciudadanos. Hoy lo demostraron. https://t.co/CJnBoGl6Vj
— 📝 Nelly Luna Amancio (@nellylun) November 13, 2020
Cuarto día de protestas en Perú
Las manifestaciones comenzaron hace cuatro días. El 10 de noviembre, el congreso destituyó al presidente, luego de considerar que la «permanente incapacidad moral» del mandatario en el juicio político abierto contra él, que se produce cinco meses antes de las elecciones generales en el país. El funcionario atraviesa una investigación por una causa de corrupción ocurrida cuando era gobernador (2011-2015).
Luego de la represión que se vivió este jueves en las protestas de Perú, la defensoría del pueblo exigió al gobierno de Merino que garantice el ejercicio del derecho a la movilización pacífica. Además de las marchas, ayer en Lima —y otras partes de Perú— hubo cacerolazos y bocinazos de personas que se manifestaron en auto.
Hasta ahora, la única información oficial difundida fue que hay dos heridos de bala de fuego en grave estado. Uno de ellos es de «pronóstico reservado». El otro, Percy Pérez, de 27 años, recibió un impacto en el abdomen y tuvo que ser operado en el área de emergencias del Hospital Almenara. Otras dos personas también resultaron heridas en la represión y requirieron ingreso hospitalario. Eso fue informado por Jorge Amorós, del hospital Almenara de Lima.
Los ciudadanos salieron por cuarto día consecutivo a las calles del país para afirmar que el nuevo gobernante «no ha sido elegido por el pueblo». También exigieron una renovación de la clase política peruana. Un dato importante: la mayoría de los últimos expresidentes de Perú están presos por delitos de corrupción.
En América Latina ya hubo dos procesos similares en el último tiempo, a través de los cuales se finaliza el gobierno de un presidente por decisión del congreso.
El primer caso fue el de Dilma Rousseff en Brasil, cuando fue destituida en 2016 y reemplazada por Michel Temer.
Luego ocurrió el caso de Evo Morales en Bolivia, quien fue presionado para renunciar y junto con él se fue el presidente de la cámara de diputados, lo que dio lugar a que la entonces vicepresidenta del senado, Jeanine Áñez, ocupara la presidencia hasta que se realizaron las elecciones el mes pasado.
Uno de los manifestantes en la protesta de Lima. EFE.
El caso de Martín Vizcarra
La votación se produce después de que, en septiembre, se filtraran declaraciones a la fiscalía de varios aspirantes a «colaborador eficaz», testigos que ofrecen información a cambio de beneficios legales. Estos supuestos delatores acusaban a Martín Vizcarra de actos de corrupción en su época de gobernador en Moquegua, en el marco de un caso conocido como el «club de la construcción».
En concreto, lo acusaban de haber recibido hasta 2.3 millones de soles (unos $650 mil dólares) en sobornos para conceder dos obras públicas, el hospital de Moquegua y una de irrigación. Sin embargo, la Fiscalía no corroboró, ni aceptó, las acusaciones.
A pesar de eso, el Congreso decidió avanzar hacia la vacancia de la presidencia. La llamada «moción de vacancia» salió adelante con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, superando el número de apoyos exigidos por la Constitución (87 de 130 diputados).
Sin embargo, dirigentes opositores y conservadores, como Mario Vargas Llosa, criticaron ele accionar de los legisladores. El escritor afirmó que el Congreso de Perú «ha violado la Constitución». «La Constitución peruana es muy clara. Un presidente puede ser acusado, pero solamente puede ser investigado al término de su mandato. El flamante Congreso violó la Constitución con esta medida», declaró Vargas Llosa al diario El Comercio.
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